LA
EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERJUDICA GRAVEMENTE LA SALUD (Y LA
EDUCACIÓN)...DE LOS MADRILEÑOS
La principal ventaja de la autonomía territorial para el ciudadano
es que las gestiones administrativas que ha de realizar le son más asequibles
al tener más cerca la administración. En el caso de la Comunidad de Madrid esta
ventaja no existía cuando se creó porque la villa de Madrid es la capital de
España, donde tiene su sede la administración del Estado, dotada con todos los
medios necesarios para la mejor prestación de servicios sociales.
* Por Joaquin Javaloys. Economista del Estado y autor del Ocaso de las Autonomías.
Además
existía entonces una eficiente Diputación provincial de Madrid para atender a
la prestación de servicios en todos los pueblos de la provincia. Por ello, la
artificial Comunidad autónoma de Madrid nació innecesariamente por iniciativa
del PSOE madrileño, apoyada por los restantes partidos, y se constituyó en
1.983 para mayor gloria y poder de los políticos, de la clase extractiva; si
bien su primer Estatuto fue aprobado por unos madrileños que, en su mayor
parte, desconocían lo que era la autonomía.
Tras
29 años de funcionamiento ha llegado ya la hora de hacer balance de resultados
de la gestión política, social y económica de la Comunidad madrileña, para
comprobar si es útil a los madrileños o si sería mejor hacerla desaparecer. En
principio, salvo que se diga expresamente otra cosa, en este análisis de
resultados tomaremos como referencia los datos correspondientes al último ejercicio
terminado, el del año 2011, para llegar a conclusiones bien fundamentadas.
En
ese año, el mantenimiento de una Comunidad autónoma de Madrid con una
estructura organizativa mini estatal, costó 10.065 millones de euros en
personal más gastos corrientes, conforme al siguiente desglose: gastos de
personal 6.297 millones de euros, gastos corrientes 3.416, y gastos financieros
3521.
En
cuanto al gasto social de la Comunidad de Madrid, las dos cifras más
significativas2 son: 1) el gasto sanitario por habitante, que es solo de 1.089
euros. Por ello Madrid ocupa el antepenúltimo lugar entre las CCAA por este
concepto, siendo el País Vasco, con 1.559 euros por habitante, la que encabeza
la lista, y las Islas Baleares, con 1.056 euros por habitante, quien detenta el
último lugar de esa relación, por ser la que menos gasta en Sanidad por
habitante; 2) el gasto educativo por habitante en Madrid es solo de 690 euros
por habitante, siendo la que menos gasta en Educación. En cambio, el País
Vasco, con 1.235 euros por habitante es la Comunidad autónoma que más gasta en
Educación por habitante. Por ello Luis del Pino concluye afirmando que “la
disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y
Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras. El
Estado autonómico, en su forma presente, se ha convertido en una fuente de
desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos
dotados presupuestariamente según la región en que vivan”.
En
todo caso, resulta muy chocante que el gasto por habitante en Educación en
Madrid sea el peor de todas las CC.AA. y que el correspondiente a Sanidad sea
el antepenúltimo en la lista de las CC.AA. Ante estos datos negativos datos se
concluye que en Madrid la Sanidad y la Educación son muy deficientes por
padecer recortes y copagos. Más aún, el gobierno autonómico de Madrid ha
acordado que desde el 1 de enero los madrileños tenemos que abonar el repago de
un euro por receta, a pesar de que el Gobierno del Estado (Rajoy, Montoro)
digan que la Comunidad de Madrid no tiene competencia para establecer ese
repago, y de que el Consejo de Estado haya dictaminado que el euro por receta
es inconstitucional.
Para
2013, el presupuesto de gastos de la comunidad de Madrid se elevará a 17.048
millones de euros. La dotación para Sanidad bajará un 4,9 % y se privatizarán
seis de los nuevos hospitales. Además de esta privatización se llevará a cabo
otra que afectará a la totalidad de la red de los 36 hospitales de la Comunidad
en sus “servicios no sanitarios”: cocinas, lavanderías, almacenes,
mantenimiento…y el 10 % de los ambulatorios y centros de salud los podrán
gestionar sus trabajadores. En la Sanidad la tijera continuará recortando
gastos, con lo que la calidad de los servicios sanitarios se degradará
necesariamente. A su vez, la Educación en Madrid también se recortará en 2013:
el presupuesto para las seis universidades públicas disminuirá el 16 %,
reduciéndose a 840 millones de euros; los rectores dispondrán de 7 millones
menos para inversión y también se consolidarán las rebajas en becas de comedor
y ayudas para libros. En cuanto a Transportes la disminución presupuestaria
para 2013 será de un 21 %, fundamentalmente en inversiones en infraestructuras
y gastos corrientes.
González,
el presidente de la Comunidad madrileña, ha justificado tales recortes porque
“son tiempos difíciles, con una recesión importante…Estamos en un escenario de
caída de ingresos y de cumplir con un déficit establecido. Además, Madrid se ve
penalizado por el sistema de financiación…Mantendremos los salarios públicos,
con una congelación, pero los mantenemos”. Los empleados públicos de la
Comunidad solo disminuirán el uno por ciento: unas mil quinientas personas,
pues no se cubrirán las vacantes por jubilaciones ni sustituciones. Es decir
que, a pesar de los recortes en la prestación de los servicios sociales, el 99
% de los empleados públicos seguirá en su puesto, porque no se atreven a llevar
a cabo una reforma sustancial de la sobredimensionada administración autonómica
de Madrid, ni a prescindir de muchos administrativos interinos.
En
definitiva, los recortes sociales en la Comunidad en 2013 van a ser de 2.700
millones de euros; ya que el Estado transferirá mil millones menos y, por otro
lado, habrá que reducir 1.700 millones para cumplir con el objetivo de déficit
del 0,7 %, que es ocho décimas menor que el correspondiente a 2012.
El
gasto social será la parte más afectada por los recortes, pues pasa de 15.294
millones de euros en 2012 a 14.120 en 2013, absorbiendo la mayor parte del
ajuste presupuestario, ya que disminuye en 1.174 millones de euros para poder
atender las obligaciones que resultan de la creciente deuda autonómica. La
actual distribución del gasto social en 2012 en sus principales partidas es la
siguiente: Sanidad, 40,34 %; Educación y empleo, 28,59 %; Asuntos sociales,
7,57 %; y Subvención al usuario del Transporte, 6,71.
Lo
que no ha dicho el presidente González es que la insuficiencia de recursos de
la Comunidad obligará a seguir aumentando la deuda pública autonómica, que en
el segundo trimestre de 2012 era ya la tercera mayor de las CCAA (detrás de
Cataluña y la Comunidad Valenciana), de 17.108 millones de euros, cifra que ha
ido incrementándose durante los meses posteriores. Solamente en el mes de
octubre la comunidad de Madrid ha realizado seis emisiones de deuda pública por
un importe global de 533.860.000 euros. En fin, una pesada carga financiera que
pagaremos los actuales madrileños y nuestros hijos, los futuros contribuyentes.
La cantidad que la Comunidad destinará en 2013 al pago de la deuda e intereses
se incrementará un 52 %, ya que será de 2.116 millones de euros, un 15 % del
Presupuesto total, mientras que en 2012 solo es de 1.390 millones de euros.
En
todo caso, el ya ínfimo gasto por habitante en Sanidad y Educación que se
registra en la Comunidad de Madrid es tan sorprendente como injusto, dado que
los madrileños somos los mayores contribuyentes entre los españoles. En efecto,
en 2011 el Estado recaudó en Madrid 66.000 millones de euros; pero, a pesar de
ello, las transferencias estatales se limitaron a 11.474 millones de euros. La
cuantía de estas transferencias se comparan muy desfavorablemente con las
cifras de Cataluña para ese año 2011: el Estado recaudó allí 27.000 millones de
euros y le transfirió 15.800 millones de euros. Si los nacionalistas catalanes
dicen que “Espanya ens roba”, los madrileños podemos decir que el Estado
español nos atraca. Entonces, si esos nacionalistas piden la independencia por
tan poco, ¿qué es lo que tendríamos que reivindicar los madrileños ante el
saqueo a que nos somete el Estado?. La “hucha” del Estado es Madrid, no
Cataluña. En efecto, si tenemos en cuenta los últimos datos disponibles 3
quedará confirmado el expolio de los madrileños, dado que:
“De
enero a mayo de 2012 la comunidad autónoma que más ha aportado a las arcas
públicas ha sido, con muchísima diferencia, la que alberga a la capital. Un 43
% de todos tres principales impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) proviene de la
autonomía madrileña, la friolera de 23.687 millones de euros…La Comunidad de
Madrid, cuya población representa el 13,7 % nacional y su aporte al PIB es del
17,8 %, soporta una carga fiscal del 43 %, más del doble de su contribución a
la riqueza nacional…
…Por
habitante el panorama es aterrador para los madrileños. Si dividimos los 23.687
millones que el Estado ha recaudado en la Comunidad de Madrid entre sus 6,5
millones de habitantes nos encontramos con que las empresas y familias
madrileñas han pagado 3.650 euros por habitante. El mismo cálculo aplicado a
Cataluña arroja una cifra también alta: 1.616 euros por habitante…”.
Este
desvalijamiento de los madrileños se confirma más todavía teniendo en cuenta
los datos de la balanza fiscal de la Comunidad autónoma de Madrid, que es la diferencia
entre los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, y el valor de los
servicios sociales (Sanidad, Educación,…) que reciben. Efectivamente Madrid, la
segunda región más rica, y la primera como contribuyente, es una de las últimas
en cuanto a los servicios sociales que recibe por habitante. ¿A qué se debe
esta paradoja?. Y ¿cómo se puede resolver esta injusta situación?.
Esta
paradoja se debe a la perjudicial –para la mayoría de los madrileños-
existencia de la Comunidad autónoma de Madrid, tan cara como ineficiente, que
es la intermediaria que nos abastece de servicios sociales, en lugar de hacerlo
directamente el Estado. En efecto, el mantenimiento de la Comunidad es carísimo
porque, para administrar 15.294 millones de euros de gasto social en este año
habrá tenido que gastarse 16.023 millones de euros en 2012, en cuatro grandes
conceptos: personal 6.248 millones de euros, gastos corrientes, bienes y
servicios 3.563, gastos financieros 654, y transferencia corrientes 5.557
millones de euros. Si esos 15.294 millones de gasto social los hubiera
administrado directamente el Estado en lugar de la comunidad de Madrid se
estima que serían solamente unos cinco mil millones de euros los gastos de
personal y los gastos corrientes, bienes y servicios que hubiera necesitado;
cifra muy inferior a los 9.811 millones que consumió la Comunidad en estos dos
conceptos.
Pero
lo peor, sin duda, es que la comunidad de Madrid está penalizada por el actual
sistema de financiación autonómico acordado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las CCAA, que la discrimina negativamente en el reparto de los
fondos disponibles. Esta situación fue denunciada reiteradamente sin éxito por
la ex presidenta Aguirre cuando el PSOE gobernaba la administración central, pues
Zapatero acosaba y asfixiaba al gobierno del PP de la comunidad de Madrid.
Actualmente, cuando ya Rajoy gobierna el Estado, esa discriminación negativa a
la comunidad de Madrid no ha cesado e, incluso, se ha incrementado pues Antonio
Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, le ha quitado a la
Comunidad mil millones de euros de la contribución estatal para la financiación
de Madrid. Si la Comunidad esperaba que el Gobierno estatal del PP iba a
escuchar sus reiteradas reivindicaciones financieras habrá quedado muy
defraudada. Tal vez la dimisión de la ex presidenta Esperanza Aguirre tenga
algo que ver con la mezquindad con la que Rajoy y Montoro tratan económicamente
a Madrid. Parece como si ambos tuvieran interés en que fracasara Aguirre (y su
sucesor) en su gestión de una Comunidad autónoma dotada con una financiación
estatal insuficiente. A veces en los partidos políticos los recelos y las
rivalidades entre los líderes acaban con restricciones financieras que ahogan
el funcionamiento de algunos servicios o de ciertas administraciones, en
perjuicio de los ciudadanos.
Lo
que resulta indudable es que la comunidad de Madrid es débil políticamente ante
el actual Gobierno estatal de su propio partido, y que la situación
económico-financiera de la autonomía madrileña sufre una insuficiencia crónica
de recursos que obliga a hacer recortes sociales, copagos, repagos y a
endeudarse cada vez más, para atender, aunque sea mal, los servicios de
Sanidad, Educación, Transporte,…con el consiguiente perjuicio de unos
ciudadanos madrileños que somos los mayores contribuyentes de España, pero que
no recibimos el retorno que merecen nuestras enormes aportaciones tributarias;
pues el Gobierno central prefiere contentar con los fondos disponibles a los
protestones nacionalistas catalanes o a otras CCAA necesitadas de una
solidaridad interterritorial que Madrid tiene que financiar en su mayor parte.
¿Cómo
se puede resolver esta injusta situación? Pues malamente, ya que no parece que
al gobierno de Rajoy ni al PP de Génova le importe mucho la degradación de los
servicios sociales en la comunidad de Madrid ni la situación cada vez más
difícilmente sostenible de una autonomía crecientemente endeudada, que cada año
tiene que hacer nuevos recortes sociales en una cuantía similar al aumento de
las obligaciones de pago de su deuda pública. Tampoco hay perspectivas
electorales de un cambio de gobierno a favor del PSOE en la Comunidad autónoma,
e incluso aunque lo hubiera el Gobierno estatal del PP seguiría asfixiando económicamente
a Madrid. Por ello, la mejor forma de resolver esta ruinosa situación es que PP
y PSOE se pongan de acuerdo para renunciar a la autonomía de Madrid devolviendo
al Estado todas las competencias transferidas a cambio de que se haga cargo de
la deuda autonómica madrileña. También tendrán que restablecer la antigua
Diputación provincial de Madrid, pero con amplísimas competencias como el
futuro gobierno provincial que, además, habría de atender las demandas
específicas que le hiciesen los pueblos madrileños sobre cooperación en la
prestación de servicios. Entonces, los ciudadanos madrileños sí que
conseguiremos vivir mucho mejor, sin la actual comunidad autónoma.
En
fin, lo que no parece sostenible ni justo es seguir sustentando una artificial,
innecesaria y supe endeudada comunidad de Madrid que solo proporciona a los
ciudadanos unos mediocres y recortados servicios sociales cada vez peores,
porque tiene que mantener y pagar una gigantesca, pero poco eficiente,
estructura mini estatal político-administrativa, empresas públicas,
Telemadrid,... en beneficio exclusivo de los partidos políticos, de sus
enchufados y de sus intereses particulares. Si PP y PSOE no desmantelan ya
la ruinosa comunidad autónoma de Madrid los ciudadanos lo tendremos en cuenta
en las próximas elecciones para castigarlos y, entretanto, las protestas y
manifestaciones, callejeras o no, aumentarán hasta hacerse continuas e
insoportables.
