PROPUESTA DE
DECLARACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CUMBRE SOCIAL
Madrid, 10 de
septiembre de 2012
El pasado 25 de julio más de 150
organizaciones de la sociedad civil nos reunimos en lo que denominamos cumbre
social para reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro
país, la naturaleza y las consecuencias económicas y sociales de las políticas
que se están llevando acabo por el Gobierno de la nación en connivencia con la Unión Europea
Vimos entonces cómo las políticas
que se están implementando desde mayo de 2010 y que se han intensificado
desde la llegada del PP al Gobierno están suponiendo una fractura social sin
precedentes: se sigue destruyendo empleo, se siguen deteriorando
los derechos laborales y sociales, se intensifica la devaluación de
nuestro modesto estado de bienestar y aparecen síntomas preocupantes de
autoritarismo político que amenazan la calidad de nuestro sistema democrático.
No existe ningún colectivo ni ámbito de la actividad social y cultural que se
libre de las consecuencias de estas políticas salvo los poderes económicos y
las élites que los representan. Todo ello sin que en estos dos años largos de políticas neoliberales a ultranza aparezca
el más mínimo indicio de superación de la crisis, al contrario, se
profundiza la recesión económica.
El mundo del trabajo, los
empleados y empleadas públicos, los autónomos, el pequeño comercio; el mundo de
la cultura y la ciencia; los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes; la
sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente
y las posibilidades de un modelo de crecimiento económico sostenible, los
derechos de los consumidores, la actividad de las organizaciones que atienden a
los desfavorecidos y que practican la cooperación,… TODO y TODOS estamos
sufriendo las consecuencias de unas políticas que nos llevan a un cambio de
modelo social y nos arrastran hacia una sociedad más injusta, menos igualitaria
y más autoritaria.
Desde la pasada Cumbre Social hemos
seguido sufriendo centenares de incendios repartidos por toda nuestra geografía
que podrían haberse evitado o, al menos, haber sido menos devastadores si no se
hubiesen recortado los recursos dedicados a ello; mientras el paro sigue
creciendo se produce un recorte en la protección solo la presión ciudadana ha
obligado al Gobierno a prorrogar la ayuda extraordinaria de 400 €, aunque
reduciéndose muy significativamente el número de beneficiarios de la misma
cebándose muy especialmente en los jóvenes; se ha intensificado la
persecución de aquellas organizaciones no sumisas a las directrices del poder
como ha sucedido con las amenazas de ilegalización de FACUA, ha continuado el
cerco del Gobierno central hacia las corporaciones locales, particularmente las
menores y hacia las CCAA y ha aumentado exponencialmente el riesgo de rescate,
asociado a nuevas exigencias de ajuste del gasto, de la economía española.
Las organizaciones reunidas en
esta segunda Cumbre Social ratificamos el compromiso adquirido en la anterior de conseguir el
próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el
profundo rechazo que nos merecen estas políticas; que plantee con nitidez que
existen alternativas a las políticas europeas y nacionales, empezando por una
política fiscal más justa y progresiva y una decidida lucha contra el fraude
fiscal sin amnistía para los defraudadores. El 15 de septiembre, también, debe
cuestionar la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no
formaron parte de su programa electoral.
Ninguna de las medidas que desde
enero se vienen aplicando se sometió a la consideración de la ciudadanía en las
pasadas elecciones del 20 de noviembre. Cada una de ellas de manera aislada ya
supone un ejercicio de ocultación suficientemente grave, pero todas juntas,
como programa de acción gubernamental, suponen un auténtico fraude
democrático.
La posibilidad de un
rescate (ni blando ni suave) supondrá nuevas condiciones y por tanto nuevos
recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en pie, prestaciones
por desempleo, pensiones…Esa es una decisión de tal trascendencia que no puede
tomarla el Gobierno por sí sólo. Si antes teníamos suficientes motivos para
exigir un Referéndum ahora más.
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