LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERJUDICA GRAVEMENTE LA
SALUD (Y LA EDUCACIÓN)...DE LOS MADRILEÑOS
La principal ventaja de la autonomía territorial para el
ciudadano es que las gestiones administrativas que ha de realizar le son más
asequibles al tener más cerca la administración. En el caso de la Comunidad de
Madrid esta ventaja no existía cuando se creó porque la villa de Madrid es la
capital de España, donde tiene su sede la administración del Estado, dotada con
todos los medios necesarios para la mejor prestación de servicios sociales.
*
Por Joaquin Javaloys. Economista del Estado y autor del Ocaso de las
Autonomías.
Además existía entonces una eficiente Diputación provincial de
Madrid para atender a la prestación de servicios en todos los pueblos de la
provincia. Por ello, la artificial Comunidad autónoma de Madrid nació
innecesariamente por iniciativa del PSOE madrileño, apoyada por los restantes
partidos, y se constituyó en 1.983 para mayor gloria y poder de los políticos,
de la clase extractiva; si bien su primer Estatuto fue aprobado por unos
madrileños que, en su mayor parte, desconocían lo que era la autonomía.
Tras 29 años de funcionamiento ha llegado ya la hora de hacer
balance de resultados de la gestión política, social y económica de la
Comunidad madrileña, para comprobar si es útil a los madrileños o si sería
mejor hacerla desaparecer. En principio, salvo que se diga expresamente otra
cosa, en este análisis de resultados tomaremos como referencia los datos
correspondientes al último ejercicio terminado, el del año 2011, para llegar a
conclusiones bien fundamentadas.
En ese año, el mantenimiento de una Comunidad autónoma de Madrid
con una estructura organizativa mini estatal, costó 10.065 millones de euros en
personal más gastos corrientes, conforme al siguiente desglose: gastos de
personal 6.297 millones de euros, gastos corrientes 3.416, y gastos financieros
3521.
En cuanto al gasto social de la Comunidad de Madrid, las dos cifras
más significativas 2 son: 1) el gasto sanitario por habitante, que es solo de
1.089 euros. Por ello Madrid ocupa el antepenúltimo lugar entre las CCAA por
este concepto, siendo el País Vasco, con 1.559 euros por habitante, la que
encabeza la lista, y las Islas Baleares, con 1.056 euros por habitante, quien
detenta el último lugar de esa relación, por ser la que menos gasta en Sanidad
por habitante; 2) el gasto educativo por habitante en Madrid es solo de 690
euros por habitante, siendo la que menos gasta en Educación. En cambio, el País
Vasco, con 1.235 euros por habitante es la Comunidad autónoma que más gasta en
Educación por habitante. Por ello Luis del Pino concluye afirmando que “la
disparidad presupuestaria y de financiación hace que la inversión en Sanidad y
Educación presente llamativas diferencias entre unas comunidades y otras. El
Estado autonómico, en su forma presente, se ha convertido en una fuente de
desigualdad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos
dotados presupuestaria mente según la región en que vivan”.
En todo caso, resulta muy chocante que el gasto por habitante en
Educación en Madrid sea el peor de todas las CC.AA. y que el correspondiente a
Sanidad sea el antepenúltimo en la lista de las CC.AA. Ante estos datos
negativos datos se concluye que en Madrid la Sanidad y la Educación son muy
deficientes por padecer recortes y copagos. Más aún, el gobierno autonómico de
Madrid ha acordado que desde el 1 de enero los madrileños tenemos que abonar el
repago de un euro por receta, a pesar de que el Gobierno del Estado (Rajoy,
Montoro) digan que la Comunidad de Madrid no tiene competencia para establecer
ese repago, y de que el Consejo de Estado haya dictaminado que el euro por
receta es inconstitucional.
Para 2013, el presupuesto de gastos de la comunidad de Madrid se
elevará a 17.048 millones de euros. La dotación para Sanidad bajará un 4,9 % y
se privatizarán seis de los nuevos hospitales. Además de esta privatización se
llevará a cabo otra que afectará a la totalidad de la red de los 36 hospitales
de la Comunidad en sus “servicios no sanitarios”: cocinas, lavanderías,
almacenes, mantenimiento…y el 10 % de los ambulatorios y centros de salud los
podrán gestionar sus trabajadores. En la Sanidad la tijera continuará
recortando gastos, con lo que la calidad de los servicios sanitarios se
degradará necesariamente. A su vez, la Educación en Madrid también se recortará
en 2013: el presupuesto para las seis universidades públicas disminuirá el 16
%, reduciéndose a 840 millones de euros; los rectores dispondrán de 7 millones
menos para inversión y también se consolidarán las rebajas en becas de comedor
y ayudas para libros. En cuanto a Transportes la disminución presupuestaria
para 2013 será de un 21 %, fundamentalmente en inversiones en infraestructuras
y gastos corrientes.
González, el presidente de la Comunidad madrileña, ha justificado
tales recortes porque “son tiempos difíciles, con una recesión
importante…Estamos en un escenario de caída de ingresos y de cumplir con un
déficit establecido. Además, Madrid se ve penalizado por el sistema de
financiación…Mantendremos los salarios públicos, con una congelación, pero los
mantenemos”. Los empleados públicos de la Comunidad solo disminuirán el uno por
ciento: unas mil quinientas personas, pues no se cubrirán las vacantes por
jubilaciones ni sustituciones. Es decir que, a pesar de los recortes en la
prestación de los servicios sociales, el 99 % de los empleados públicos seguirá
en su puesto, porque no se atreven a llevar a cabo una reforma sustancial de la sobre dimensionada administración autonómica de Madrid, ni a prescindir de
muchos administrativos interinos.
En definitiva, los recortes sociales en la Comunidad en 2013 van a
ser de 2.700 millones de euros; ya que el Estado transferirá mil millones menos
y, por otro lado, habrá que reducir 1.700 millones para cumplir con el objetivo
de déficit del 0,7 %, que es ocho décimas menor que el correspondiente a 2012.
El gasto social será la parte más afectada por los recortes, pues
pasa de 15.294 millones de euros en 2012 a 14.120 en 2013, absorbiendo la mayor
parte del ajuste presupuestario, ya que disminuye en 1.174 millones de euros
para poder atender las obligaciones que resultan de la creciente deuda autonómica.
La actual distribución del gasto social en 2012 en sus principales partidas es
la siguiente: Sanidad, 40,34 %; Educación y empleo, 28,59 %; Asuntos sociales,
7,57 %; y Subvención al usuario del Transporte, 6,71.
Lo que no ha dicho el presidente González es que la insuficiencia
de recursos de la Comunidad obligará a seguir aumentando la deuda pública
autonómica, que en el segundo trimestre de 2012 era ya la tercera mayor de las
CCAA (detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana), de 17.108 millones de euros,
cifra que ha ido incrementándose durante los meses posteriores. Solamente en el
mes de octubre la comunidad de Madrid ha realizado seis emisiones de deuda
pública por un importe global de 533.860.000 euros. En fin, una pesada carga
financiera que pagaremos los actuales madrileños y nuestros hijos, los futuros
contribuyentes. La cantidad que la Comunidad destinará en 2013 al pago de la
deuda e intereses se incrementará un 52 %, ya que será de 2.116 millones de
euros, un 15 % del Presupuesto total, mientras que en 2012 solo es de 1.390
millones de euros.
En todo caso, el ya ínfimo gasto por habitante en Sanidad y
Educación que se registra en la Comunidad de Madrid es tan sorprendente como
injusto, dado que los madrileños somos los mayores contribuyentes entre los
españoles. En efecto, en 2011 el Estado recaudó en Madrid 66.000 millones de
euros; pero, a pesar de ello, las transferencias estatales se limitaron a
11.474 millones de euros. La cuantía de estas transferencias se comparan muy
desfavorablemente con las cifras de Cataluña para ese año 2011: el Estado
recaudó allí 27.000 millones de euros y le transfirió 15.800 millones de euros.
Si los nacionalistas catalanes dicen que “Espanya ens roba”, los madrileños
podemos decir que el Estado español nos atraca. Entonces, si esos nacionalistas
piden la independencia por tan poco, ¿qué es lo que tendríamos que reivindicar
los madrileños ante el saqueo a que nos somete el Estado?. La “hucha” del
Estado es Madrid, no Cataluña. En efecto, si tenemos en cuenta los últimos
datos disponibles 3 quedará confirmado el expolio de los madrileños, dado que:
“De enero a mayo de 2012 la comunidad autónoma que más ha aportado
a las arcas públicas ha sido, con muchísima diferencia, la que alberga a la
capital. Un 43 % de todos tres principales impuestos ( IRPF, IVA y Sociedades)
proviene de la autonomía madrileña, la friolera de 23.687 millones de euros…La
Comunidad de Madrid, cuya población representa el 13,7 % nacional y su aporte
al PIB es del 17,8 %, soporta una carga fiscal del 43 %, más del doble de su
contribución a la riqueza nacional…
…Por habitante el panorama es aterrador para los madrileños. Si
dividimos los 23.687 millones que el Estado ha recaudado en la Comunidad de
Madrid entre sus 6,5 millones de habitantes nos encontramos con que las
empresas y familias madrileñas han pagado 3.650 euros por habitante. El mismo
cálculo aplicado a Cataluña arroja una cifra también alta: 1.616 euros por
habitante…”.
Este desvalijamiento de los madrileños se confirma más todavía
teniendo en cuenta los datos de la balanza fiscal de la Comunidad autónoma de
Madrid, que es la diferencia entre los impuestos que pagan los ciudadanos y las
empresas, y el valor de los servicios sociales (Sanidad, Educación,…) que
reciben. Efectivamente Madrid, la segunda región más rica, y la primera como
contribuyente, es una de las últimas en cuanto a los servicios sociales que
recibe por habitante. ¿A qué se debe esta paradoja?. Y ¿cómo se puede resolver
esta injusta situación?.
Esta paradoja se debe a la perjudicial –para la mayoría de los
madrileños- existencia de la Comunidad autónoma de Madrid, tan cara como
ineficiente, que es la intermediaria que nos abastece de servicios sociales, en
lugar de hacerlo directamente el Estado. En efecto, el mantenimiento de la
Comunidad es carísimo porque, para administrar 15.294 millones de euros de
gasto social en este año habrá tenido que gastarse 16.023 millones de euros en
2012, en cuatro grandes conceptos: personal 6.248 millones de euros, gastos
corrientes, bienes y servicios 3.563, gastos financieros 654, y transferencia
corrientes 5.557 millones de euros. Si esos 15.294 millones de gasto social los
hubiera administrado directamente el Estado en lugar de la comunidad de Madrid
se estima que serían solamente unos cinco mil millones de euros los gastos de
personal y los gastos corrientes, bienes y servicios que hubiera necesitado;
cifra muy inferior a los 9.811 millones que consumió la Comunidad en estos dos
conceptos.
Pero lo peor, sin duda, es que la comunidad de Madrid está
penalizada por el actual sistema de financiación autonómico acordado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, que la discrimina
negativamente en el reparto de los fondos disponibles. Esta situación fue
denunciada reiteradamente sin éxito por la ex presidenta Aguirre cuando el PSOE
gobernaba la administración central, pues Zapatero acosaba y asfixiaba al
gobierno del PP de la comunidad de Madrid. Actualmente, cuando ya Rajoy
gobierna el Estado, esa discriminación negativa a la comunidad de Madrid no ha
cesado e, incluso, se ha incrementado pues Antonio Beteta, Secretario de Estado
de Administraciones Públicas, le ha quitado a la Comunidad mil millones de
euros de la contribución estatal para la financiación de Madrid. Si la Comunidad
esperaba que el Gobierno estatal del PP iba a escuchar sus reiteradas
reivindicaciones financieras habrá quedado muy defraudada. Tal vez la dimisión
de la ex presidenta Esperanza Aguirre tenga algo que ver con la mezquindad con
la que Rajoy y Montoro tratan económicamente a Madrid. Parece como si ambos
tuvieran interés en que fracasara Aguirre (y su sucesor) en su gestión de una
Comunidad autónoma dotada con una financiación estatal insuficiente. A veces en
los partidos políticos los recelos y las rivalidades entre los líderes acaban
con restricciones financieras que ahogan el funcionamiento de algunos servicios
o de ciertas administraciones, en perjuicio de los ciudadanos.
Lo que resulta indudable es que la comunidad de Madrid es débil
políticamente ante el actual Gobierno estatal de su propio partido, y que la
situación económico-financiera de la autonomía madrileña sufre una
insuficiencia crónica de recursos que obliga a hacer recortes sociales,
copagos, repagos y a endeudarse cada vez más, para atender, aunque sea mal, los
servicios de Sanidad, Educación, Transporte,…con el consiguiente perjuicio de
unos ciudadanos madrileños que somos los mayores contribuyentes de España, pero
que no recibimos el retorno que merecen nuestras enormes aportaciones tributarias;
pues el Gobierno central prefiere contentar con los fondos disponibles a los
protestones nacionalistas catalanes o a otras CCAA necesitadas de una
solidaridad interterritorial que Madrid tiene que financiar en su mayor parte.
¿Cómo se puede resolver esta injusta situación? Pues malamente, ya
que no parece que al gobierno de Rajoy ni al PP de Génova le importe mucho la
degradación de los servicios sociales en la comunidad de Madrid ni la situación
cada vez más difícilmente sostenible de una autonomía creciente mente endeudada,
que cada año tiene que hacer nuevos recortes sociales en una cuantía similar al
aumento de las obligaciones de pago de su deuda pública. Tampoco hay
perspectivas electorales de un cambio de gobierno a favor del PSOE en la
Comunidad autónoma, e incluso aunque lo hubiera el Gobierno estatal del PP
seguiría asfixiando económicamente a Madrid. Por ello, la mejor forma de
resolver esta ruinosa situación es que PP y PSOE se pongan de acuerdo para
renunciar a la autonomía de Madrid devolviendo al Estado todas las competencias
transferidas a cambio de que se haga cargo de la deuda autonómica madrileña.
También tendrán que restablecer la antigua Diputación provincial de Madrid,
pero con amplísimas competencias como el futuro gobierno provincial que,
además, habría de atender las demandas específicas que le hiciesen los pueblos
madrileños sobre cooperación en la prestación de servicios. Entonces, los
ciudadanos madrileños sí que conseguiremos vivir mucho mejor, sin la actual
comunidad autónoma.
En fin, lo que no parece sostenible ni justo es seguir sustentando
una artificial, innecesaria y supe endeudada comunidad de Madrid que solo
proporciona a los ciudadanos unos mediocres y recortados servicios sociales
cada vez peores, porque tiene que mantener y pagar una gigantesca, pero poco
eficiente, estructura mini estatal político-administrativa, empresas públicas,
Telemadrid,... en beneficio exclusivo de los partidos políticos, de sus
enchufados y de sus intereses particulares. Si PP y PSOE no desmantelan ya
la ruinosa comunidad autónoma de Madrid los ciudadanos lo tendremos en cuenta
en las próximas elecciones para castigarlos y, entretanto, las protestas y
manifestaciones, callejeras o no, aumentarán hasta hacerse continuas e
insoportables.
